Por Álvaro Delgado Truyols

Aunque la incesante propaganda que reciben ustedes pretenda convencerles de lo contrario, la izquierda española se ha mostrado siempre muy poco respetuosa con la pluralidad política en las experiencias democráticas vividas en la larga historia de España. La pulsión irrefrenable de los partidos de izquierda ha sido siempre tratar de eliminar a los contrarios -por todos los medios- del terreno de juego. Pero una constante manipulación de la realidad, practicada con la impune complicidad de medios, autores y editoriales, ha hecho que todo ello les haya llegado a ustedes convenientemente edulcorado. Y, contra los pocos que tienen el valor de contar la verdad, tienen ya preparada su Ley de Memoria Histórica que -al estilo de la Policía del Pensamiento que aparecía en ”1984”, la distópica novela del ex combatiente republicano George Orwell– pretende eliminar cualquier disidencia narrativa o intelectual.

La historia parlamentaria del PSOE empezó con un episodio poco divulgado en el que su fundador, Pablo Iglesias Posse, aprovechó su primera intervención parlamentaria el 7 de julio de 1910 para decirle al entonces líder del partido conservador, Antonio Maura, desde el estrado de las Cortes, que “el partido socialista respetará la legalidad en cuanto nos sea útil para el cumplimiento de nuestros fines, y en cuanto nuestros fines no se alcancen cumpliendo la ley iremos más allá”, para acabar amenazando al líder mallorquín diciendo que “antes de que Su Señoría suba al poder debemos llegar hasta el atentado personal”.

Unos años después, entre 1923 y 1930, destacados integrantes del PSOE apoyaron la dictadura de Primo de Rivera. Sus dirigentes Besteiro y Largo Caballero, junto con la UGT, vieron en la dictadura una gran oportunidad para adquirir una posición preponderante frente al movimiento anarcosindicalista, desbancando a la CNT. Y así destacados socialistas, a propuestas del propio dictador, entraron en diversos organismos oficiales del régimen: el Consejo de Estado, el Consejo Interventor de Cuentas, el Consejo de Trabajo o los Comités Paritarios. Todo ello consta bien detallado en las obras del Catedrático de Historia Contemporánea José Andrés Gallego o del periodista y diplomático mallorquín Gabriel Alomar y Villalonga.

Con la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, volvieron a aparecer los tics excluyentes y autoritarios de nuestra izquierda nacional. Mientras que hoy cualquier republicano puede defender públicamente sus ideas dentro de la libertad de expresión consagrada por la Constitución de 1978, la situación inversa fue prohibida por Manuel Azaña en la Ley de Defensa de la República de 21 de octubre de 1931. El artículo 1.5 de dicha Ley consideraba “acto de agresión a la República” la “apología del régimen monárquico y el uso de su emblema, insignias o distintivos alusivos”. Comenzaba así a manifestarse -desde el inicio- la verdadera intención de los políticos republicanos, causa principal del fracaso posterior del régimen: la República era sólo para ellos, quedando los demás españoles excluidos de toda participación política.

Un paso más se dio tras las elecciones generales de noviembre de 1933, que ganaron las derechas de la CEDA, el partido de Gil Robles, al que el Presidente de la República Alcalá Zamora no le permitió formar Gobierno por no ser un partido republicano, nombrando en su lugar al radical Alejandro Lerroux. Así funcionaba ese régimen tan idealizado por muchos ilusos españoles de nuestro tiempo: si ganaban las izquierdas gobernaban libremente pero si lo hacían las derechas no se les permitía formar gobierno.

La siguiente pirueta histórica, cuando la CEDA pidió entrar en el Gobierno que legítimamente le correspondía, fue la revolución de octubre de 1934 en Asturias y Cataluña, un verdadero golpe de estado del PSOE y de Esquerra Republicana contra el régimen, considerado por el historiador británico Gerald Brenan como “la primera batalla de la Guerra Civil”. La revolución acabó con miles de muertos y encarcelados, siendo sofocada duramente por el Gobierno de la República. El ilustre periodista catalán Josep Pla definió la actuación de los revolucionarios diciendo que “llegaron en la propaganda a extremos de pedantería, de simplismo y de primitivismo solo comprensibles si lo que se pretende es incitar los más bajos instintos del salvajismo humano”.

Siguiendo con sus costumbres, en las elecciones generales de febrero de 1936, que hubiera ganado la derecha de forma muy ajustada, el Gobierno republicano alentó un infame pucherazo exhaustivamente detallado por los profesores Álvarez Tardío y Roberto Villa en su extraordinaria obra “1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular”, adjudicando la victoria a la coalición de izquierdas que adoptó ese nombre. Meses más tarde, el 13 de julio de 1936, y tras intentarlo primero con Gil Robles -líder de la CEDA- al que no encontraron en su domicilio, el líder de la derecha monárquica, José Calvo Sotelo, fue asesinado de dos tiros en la nuca en un furgón policial por Luis Cuenca y Fernando Condés, guardaespaldas de Indalecio Prieto, Secretario General del PSOE. Personados a la mañana siguiente en la sede del partido en busca de instrucciones, los asesinos se refugiaron en casa de la diputada socialista Margarita Nelken. Nunca se les detuvo. Cinco días más tarde estallaría la Guerra Civil.

Ya en el siglo XXI tenemos más ejemplos de exclusión absoluta de la oposición, como el llamado “Pacto del Tinell”, acuerdo para un Gobierno catalanista y de izquierdas en Cataluña, que fue suscrito el 14 de diciembre de 2003 por el PSC, ERC e IC-EU, colocando a Pasqual Maragall como Presidente de la Generalitat, y que incorporaba una cláusula que excluía la posibilidad de cualquier pacto de gobierno o acuerdo de legislatura con el PP, tanto en el ámbito autonómico como en el estatal.

Si examinan todo el arduo y preocupante panorama que hoy les he descrito, comprenderán rápidamente la utilidad de una monarquía neutral y constitucional en nuestra maltrecha España actual. De implantarse un régimen republicano, la pretensión de todos sus promotores siempre ha sido que quienes no comulgan con su ideología queden absolutamente excluidos del terreno político. Así lo ha demostrado reiteradamente nuestra historia. Tomen ustedes buena nota.

Este artículo se publicó originalmente en El Mundo de Baleares